miércoles, 10 de julio de 2013

COMUNICADO DE ALARMA PÚBLICA INFANCIA EN ESPAÑA



En Cataluña hay entre 7000 y 8000 menores tutelados por la Generalitat, separados de sus familias, sustraídos a sus progenitores por funcionarios de la Generalitat de dudosa ética profesional cuyo único objetivo es conseguir réditos económicos para "el Govern”.


Mediante expedientes elaborados con notoria falsedad documental por parte de la Administración catalana de menores, estos niños son brutalmente separados de sus familias. Además el autárquico sistema judicial y fiscal catalán anquilosado en la edad media impide a los progenitores, por medio de la vulneración de los más básicos derechos fundamentales y humanos, el acceso a los procedimientos judiciales para recuperar a sus hijos, en muchos casos bebés, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva de los jueces amparada por el Art 24 de la Constitución española. La condena de la retirada de los menores deja a las víctimas marcadas de por vida, los niños crecen en pseudo-cárceles y sus familias quedan desintegradas e inmersas en procesos judiciales que les obligan a destinar los pocos recursos de los que disponen para cubrir gastos procesales, absorviendoles todo su tiempo y energía.


Ahora, esta plaga de intereses oscuros, malvados e incluso xenófobos, se extiende a las personas que, por la crisis, pierden su vivienda y que no sólo no son ayudadas por el Estado, sino que ese mismo Gobierno es quién pretende arrebatarles a sus hijos, su bien más preciado, de forma tan brutal como inconstitucional. Para conseguir estos siniestros objetivos, la Generalitat malgasta numerosos fondos públicos que superan con creces lo que sería necesario para que dichas familias cubrieran sus necesidades básicas y pudieran, de esta forma, conservar su vivienda y sus hijos.


Por si fuera poca la presión que supone para las familias la inseguridad respecto a sus derechos fundamentales, vivienda, salud, educación, que provoca tensión y conflictos en el seno familiar, la pérdida de los hijos crea a las familias un daño moral irreparable que impide toda expectativa de bienestar y pone al límite la vida personal de los afectados; La condena de la retirada de los menores deja a las víctimas marcadas de por vida, los niños crecen en pseudo-cárceles y sus familias quedan desintegradas e inmersas en procesos judiciales que les obligan a destinar los pocos recursos de los que disponen para cubrir gastos procesales, absorviéndoles todo su tiempo y energía.


Cataluña, en concreto, y el Estado Español, en general, incluyendo la Fiscalía General del Estado, son incapaces de amparar al ciudadano y corregir los desequilibrios generados por unos ineficaces y corruptos funcionarios públicos y unos fiscales y jueces que carecen de independencia e incumplen brutalmente los derechos fundamentales y humanos de los menores y sus familias. Es sabido que cada menor tutelado nos cuesta a todos los españoles entre 3.000 y 6.000 euros mensuales, dinero que es trasladado a ...Fundaciones que conforman un entramado más de corrupción haciendo de nuestros hijos su mercancía.

Ayúdanos a evitar todo esto:

Firma esta petición para dirigida al Presidente de Asamblea Consultiva y El Comité de Ministros del Consejo de Europa al que se solicita, en virtud de los articulos 3, 8, 15, 16, 17  del Acta de Adhesión de España al Consejo de Europa, LA CREACIÓN POR PARTE DEL CONSEJO DE EUROPA UN COMITÉ DE INVESTIGACIÓN CON FACULTAD DISCRECIONAL PARA:
  • ANULAR LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES QUE HAYAN VULNERADO LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MENORES Y SUS FAMILIAS.
  • GARANTIZAR QUE LAS VISITAS DE LOS MENORES CON SUS FAMILIAS SE REALICEN DE FORMA CONTINUADA Y PROGRESIVA, EN EL AMBIENTE FAMILIAR
  • GARANTIZAR QUE LOS RECURSOS QUE SE DESTINAN AL BIENESTAR SOCIAL, QUE ACTUALMENTE GESTIONAN LOS GOBIERNOS AUTONÓMICOS, SEAN SOMETIDOS A UNA AUDITORÍA DETALLADA Y ESPECÍFICA
  • QUE EL CONSEJO DE EUROPA SANCIONE CON LA SUPRESIÓN DE TODO TIPO DE AYUDA COMUNITARIA  A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS QUE VULNERAN EL DERECHO FUNDAMENTAL DE PROGENITORES E HIJOS A RELACIONARSE Y MANTENER LOS LAZOS AFECTIVOS



martes, 7 de mayo de 2013

LA JUSTICIA NO PUEDE SER EL PROBLEMA


Cuando las personas acudimos a la justicia para que intervenga en un problema que no sabemos solucionar o necesitamos ayuda estamos realizando un ejercicio de confianza en las instituciones publicas, están pensadas para garantizar los derechos de todos y también para exigirnos que cumplamos con nuestras obligaciones. En estos momentos parece que no podemos confiar en que garanticen nuestros derechos y lo que resulta mas increíble  no nos permiten cumplir con nuestras obligaciones. Denunciamos el injusto trato de la administración hacia la esencia y fundamento de nuestra sociedad, LA FAMILIA. El objeto de tanta vejación no es otro que el de dividirnos y esclavizarnos, no pretenden ayudarnos, pretenden que nos enfrentemos entre nosotros, lo hacen de una forma muy peculiar, sin que se perciba a primera vista, a través de leyes que interpretan de forma inquisidora, solo quienes han sufrido en sus carnes el abuso administrativo e institucional pueden ser realmente conscientes de como y donde se esta llevando a cabo esta guerra, tenemos un sistema educativo basado en el adoctrinamiento, que compensa solo el sometimiento del individuo a la vez que le oprime y atemoriza con la peor de las amenazas, la exclusión social. Es una agenda planificada a largo plazo

Queremos denunciar que los programas de ayuda a las familias están siendo utilizados para desintegrarla, los casos reales que exponemos están documentados y en proceso judicial, necesitamos el apoyo de nuestros semejantes mas que nunca, para difundir y que se enteren de que VAMOS A LUCHAR CON TODAS NUESTRAS FUERZAS